plataformaagraria.org

Nota de prensa

Organizaciones indígenas pidieron que se proceda al desalojo de dos empresas ubicadas en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, -Peridot, S.A. y Montana Exploradora de Guatemala-, por ocupar ilegalmente el territorio del pueblo Maya Mam, del departamento de San Marcos.
Asimismo, denunciaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Erick Alfonso Álvarez, y a Jorge Asencio Mancilla, por haber incurrido en el delito de falsedad ideológica y usurpación de propiedad en el referido municipio, cuando eran representantes legales de las referidas empresas, en 2001.
De manera conjunta el pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán, organizaciones que conforman el Consejo de los Pueblos de Occidente y varias instancias de Derechos Humanos, presentaron una querella en contra del presidente de la CSJ y Asencio Aguirre. Ambos son señalados de haberse apropiado de manera ilegal de una fracción de un terreno municipal inscrito en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, del referido municipio, valiéndose fraudulentamente de una titulación supletoria que permite a empresas privadas que han operado por varios años en terrenos municipales, inscribirlos como propios, sin embargo, ambas iniciaron operaciones en 1999.
Demandaron al máximo órgano judicial que pida al Legislativo un proceso de antejuicio contra Álvarez y que se inicien las investigaciones pertinentes y en consecuencia se concrete la expulsión de ambas empresas privadas del territorio indígena.
La empresa Montana Exploradora es la subsidiaria de la canadiense Gold Corp y propietaria del proyecto Marlin de explotación minera a cielo abierto en los municipios de  San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, que operan en San Marcos desde 2005.
Los pueblos indígenas de occidente reivindicaron de esta forma su legítimo derecho a la tierra y al territorio y a una vida libre de minería.

LF/EC

Nota de Prensa

Luego que el río Jupilingo (o río Grande), ubicado en Camotán, departamento de Chiquimula, se desbordara la mañana de hoy 16 de junio, debido a las intensas lluvias ininterrumpidas que han afectado a la región, al menos cinco comunidades -La Libertad, Shupá, Despoblado, Lela Obraje, Lela Chancó-, que se encuentran en la cuenca, han resultado afectadas.

Declaraciones de pobladores del caserío Limar del municipio de Camotán, aseguran que las aguas del río alcanzaron a comunidades que están a kilómetro y medio río arriba, sin embargo, hasta esta tarde únicamente se tenía información de la pérdida de cosechas cercanas al afluente.

“Hay pérdida como de 40 manzanas de nuestros cultivos, ya habíamos tirado el abono; también se llevó el alambre”, lamentó Brígido Raimundo, integrante de la organización Nuevo Día, - parte de la alianza Plataforma Agraria- quien habita en el caserío Limar.

A finales de la tarde de hoy, se informó que el puente Jupilingo – que comunica el departamento de Chiquimula con Honduras, ubicado a 11 kilómetros del municipio de Camotán-,  estaba agrietado como consecuencia de la fuerza de la corriente.

“Estamos en alerta porque se están bajando muchos barrancos en caserío Limar”, dijo con preocupación Raimundo. Los municipios de Camotán y Jocotán, han sido afectados por lluvias constantes durante una semana.

LF/EC

El lunes 7 de junio comenzó la primera fase de las audiencias públicas sobre desarrollo rural, como parte de la Mesa de Reactivación Económica, presidida por el diputado unionista, Mariano Rayo. La sociedad civil organizada fue convocada a manifestar su opinión sobre el contenido de la iniciativa de ley 4084, que propone la creación del sistema nacional de desarrollo rural.
Como era previsible, el sector empresarial organizado lanzó su crítica contra dicha propuesta. El argumento se centra en la supuesta “violación del derecho a la propiedad privada”, incluida en el articulado de la misma. La presunta “expropiación” de la tierra se ha convertido en la médula de su discurso manifestado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), incluso, antes que la propuesta fuera presentada al pleno del Congreso de la República a mediados de 2009.
En aquella ocasión, representantes de la Cámara del Agro declararon a la prensa escrita su rechazo a la iniciativa 4084, pese a reconocer públicamente el desconocimiento de su contenido.

¿Desarrollo rural?
Aunque la CIG advierte su total apoyo al desarrollo rural del país, considera imprescindible la apuesta por la “empresarialidad en las áreas rurales”, es decir, las políticas de Estado deben apuntar por el desarrollo de la industria, comercio, servicios, extracción de recursos naturales, apoyo al turismo, generación de energía, que, según la lógica de mercado, son los factores que potenciarían una mejora del nivel de vida de las poblaciones rurales.
Los gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz se han esforzado por reducir el tamaño del Estado a su mínima expresión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia y servicios agropecuarios al pequeño productor y campesinado, por lo que la atención a la población rural siempre ha sido limitado a grupos sociales vulnerables y sobre todo, al fomento de la “empresarialidad agrícola”, vinculada a los cultivos de exportación.
En este contexto, queda claro que la propuesta hecha recientemente por la CIG, no es más que la continuidad de estas políticas que en lugar de contribuir a resolver la problemática agraria, agudizan la conflictividad en el campo, debido a que las inequidades y desigualdades sociales que afronta más de la mitad de la población, se incrementan sistemáticamente y coyunturalmente, como ocurrió con los estragos provocados por la tormenta tropical Agatha.

De urgencia nacional
Plataforma Agraria, la Coordinadora de Ong’s y Cooperativas, así como la Alianza para el Desarrollo Rural Integral, entre otras organizaciones sociales, solicitaron la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 4084, durante las audiencias públicas.
Dicha propuesta contiene una visión sistémica e integral que rebasa la visión agrarista del campo, pues contiene 10 políticas sectoriales que plantea una acción más ordenada y consciente de los recursos que el Estado invierte en el campo.
“La política económica debe enfocarse a la mayoría de la población del campo, que es el 56% de la población (…) y es la que sostiene a la ciudad.  (….) Les estamos diciendo que si no invertimos hoy en este país se nos va a caer”, aseveró Omar Jerónimo, dirigente de Plataforma Agraria.

LF/EC

“El Desarrollo Rural es impostergable”. Con esas palabras, Juan  Alfonso De León –ex titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios  (SAA)- y actual ministro de Agricultura, inició su discurso durante el  “lanzamiento del proceso de implementación de la Política de Desarrollo Rural Integral (PDRI)”, aprobada en julio de 2009.

El Palacio Nacional de Cultura fue el escenario donde el presidente Álvaro Colom presidió el breve acto, realizado el pasado 21 de abril, en compañía de su vicegobernante, Rafael Espada; la secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Karin Slowing; el representante del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, Arnoldo Noriega y el coordinador de Prorural, Roberto Dalton.

De León presentó la ruta crítica para la implementación de la PDRI, cuyo contenido no fue más que las disposiciones que la misma PDRI –aprobada hace nueve meses- contempla:

La conformación del Gabinete de Desarrollo Rural

La conformación de un Consejo de Participación Política y Auditoria Social

La reconversión del MAGA

La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Quedó claro que las autoridades aún no han fijado un cronograma para  la implementación de “la ruta crítica”.

 Apuesta por la “competitividad” agroexportadora
Con un tono sereno, pero muy enfático en los puntos de mayor interés para el gobierno actual, el ministro de Agricultura adujo que están en la “parte final” de la creación de un acuerdo gubernativo con el cual promete “consolidar” la reconversión que la PDRI requiere para la cartera que dirige. Esa reconversión no es ni más ni menos que lo que el presidente Colom había anunciado meses antes: la incorporación oficial de Prorural al Maga, como un nuevo vice-ministerio de Desarrollo Económico Rural.

Aunque Dalton, coordinador de Prorural, aseguró desconocer cuál será su cargo dentro de la estructura del Maga, luego que se publique el referido acuerdo gubernativo –en unos 15 días-, fue él quien respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre los detalles de la anunciada  reestructuración, mientras que De León asintió a todas sus respuestas.

En su intervención Colom aseguró que el nuevo viceministerio estaría dotado de Q300 millones para su ejecución en 2010, de los cuales Q250 millones serán asignados a Prorural, producto de un traslado de recursos, que no especificó su procedencia, y Q50 millones que pasarán automáticamente del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES).

Dalton reiteró que el fomento a la “competitividad agropecuaria” es uno de los esfuerzos que se hará en el nuevo viceministerio. No obstante, esta re-inserción de Prorural dentro del Maga, apunta como elemento central de su política la "competitividad" agroexportadora. Lo que demuestra de nueva cuenta la apuesta que el gobierno de la UNE hace al fortalecimiento institucional y político de la agroexportación de mediana y gran escala, con lo cual favorece a 1.87% de la población que concentra la tierra en este país y que la destina para la producción de monocultivos.

 Las “instrucciones” que ofenden
En su discurso, el jefe del Ejecutivo “instruyó” a la secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Karin Slowing, para que “a partir de mañana se haga cargo del Plan Nacional de Desarrollo Rural”. Sin embargo, el ministro De León aseveró que están por concluir la primera etapa de elaboración del Plan– un borrador para análisis-, para que sea consensuado entre quienes estuvieron involucrados en la creación de la PNDRI.

Como parte de su serie de “instrucciones”, el mandatario encomendó al titular de la cartera de Finanzas –que no estaba presente en el lanzamiento- que asigne “pese a las carencias fiscales”, recursos “significativos”. También aprovechó para instar al  Congreso a que designe recursos a la política.

Muy insistentemente y con toda la confianza del caso –pues según Colom lleva 20 años de trabajar con De León-, le encargó al ministro que “no solo reconvierta la institución, sino que la reconstruya”.

El gobierno ofende a la sociedad guatemalteca y en particular a las organizaciones de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), al anunciar, 9 meses después de su aprobación, una ruta critica basada en institucionalizar principalmente a Prorural.

 La Política como una máscara 
La entrega de créditos del Fondo de Tierras que se comenzó a tiempo este año –ya que el programa sigue sin modificación alguna-, así como la atención a la deuda agraria son, según este gobierno, avances que se dan en el marco del cumplimiento de la PDRI.

También se jactan de la conformación de un sistema nacional de extensión rural –tecnología y asistencia técnica-, así como la atención a la conflictividad agraria a través de la consolidada  articulación de la institucionalidad correspondiente, entiéndase: Secretaría de Asuntos Agrarios, Maga, Conap, Fontierras, RIC y otras.

Las palabras del mandatario Colom dejaron en claro, una vez más,  cuál es la prioridad cuando desde este gobierno se habla de desarrollo rural: “Prorural es el gran motor del desarrollo económico del país (…)”.

Más claro no puede estar el escenario. El gobierno de la UNE no está interesado en aplicar la Política de Desarrollo Rural Integral; la usa como una máscara para renombrar sus programas ya en marcha. Y para quienes aún quede alguna duda, las palabras de Colom fueron contundentes, al referirse a Prorural como “el andamiaje para la ley de desarrollo rural y la Política”.

Plataforma Agraria
Equipo de Comunicaciòn
Guatermala, 23 de abril de 2010

Nota de prensa

De acuerdo con investigaciones realizadas por integrantes del Área de Estudios de Historia Local de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), en el país se construyó un discurso que legitima a la finca como un espacio en donde se “administra la vida de la población trabajadora” y se considera a las personas únicamente como “sujetos productivos que pueden aportar al crecimiento y al desarrollo del país en la medida que produzca riqueza”.
Estas reflexiones fueron expuestas por el investigador Juan Pablo Gómez durante la primera sesión del Seminario para periodistas: “Comunicación a favor del desarrollo rural”, organizado por Plataforma Agraria, AVANCSO, la Campaña Vamos al Grano y la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En este discurso se “recoge unas voces y enmudece a otras”, aseguró Gómez, quien agregó que la intención fue “integrar a los indígenas a la finca para civilizarlos y extirparles sus hábitos”. Así, se construyó una imagen errónea del indígena y campesino como ignorante del trabajo en el campo y como un haragán que no contribuye al desarrollo del país.
El imaginario que legitima a la finca encontró un respaldo en las leyes aprobadas en las últimas tres décadas del siglo XIX y en las primeras dictaduras del siglo XX. Gómez aseguró que las políticas actuales sobre desarrollo rural siguen enmarcadas dentro de los límites de éste discurso. Y de igual manera la cobertura periodística “sigue enmudeciendo las voces”, como las de las organizaciones indígenas y campesinas.
Sin embargo, a decir de Gómez, “hay experiencias locales que están problematizando estas ideas con discursos campesinos que se piensan desde la crisis, que la conciben como una oportunidad”.
Por su parte, Juan Carlos Pirir, de la Cooperativa “Nuevo Horizonte” e integrante de la campaña “Vamos al grano”, señaló que la conformación histórica responde “a la lógica de conquista y de privar de la libertad a nuestros pueblos”.
“Existe una relación de esclavitud en la finca. Además, se viola un derecho que es fundamental: el derecho a la alimentación. Muchas personas han muerto a consecuencia de la inseguridad alimentaria. ¿Es aceptable que en nuestro país, teniendo una diversidad de clima y la posibilidad de producir alimentos, la gente se muera de hambre?”, cuestionó Pirir, quien subrayó que “la lucha por el desarrollo rural integral debe ser la apuesta a ese modelo de finca que históricamente ha excluido a la mayoría de las personas”.

RM/EC