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Comunicado de prensa

Plataforma Agraria lamenta que el gobierno de Álvaro Colom continúe ignorando la situación de vulnerabilidad de las comunidades que afrontan la conflictividad agraria, laboral y ambiental. Las políticas de seguridad nacional y acceso a la justicia no deben reducirse a combatir la delincuencia común y al crimen organizado. Peor aún interpretar las luchas de los movimientos sociales como acciones que atentan contra la gobernabilidad del país.

En el campo las personas mueren de desnutrición, desatención médica, falta de servicios básicos o por defender su territorio en manos de las fuerzas de seguridad privada de finqueros o la policía nacional. Es decir, por la impunidad de un Estado que no garantiza una vida digna para la ciudadanía campesina y rural. El último desalojo en la finca Los Pinos, Tucurú, y el asesinato del campesino Rogelio Cuc Guitz, son una muestra de la falta de seguridad y justicia que se vive en el campo.

Estos hechos, sumados a los más de 38 desalojos realizados el año pasado, la muerte extrajudicial de Mario Caal, el encarcelamiento y violación del debido proceso en el caso de Ramiro Choc, la política de represión contra comunidades y líderes, estados de prevención, así como el irrespeto de ejercicios ciudadanos, exigen a los jefes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial poner en el centro de sus agendas políticas la discusión de la conflictividad agraria, laboral y ambiental, ya que son corresponsables de un Estado que comete violaciones contra la población campesina e indígena.

Plataforma Agraria exige al gobierno de Colom responder a la mesa de conflictividad agraria en el diálogo bilateral que el Ejecutivo sostiene con esta alianza desde el 13 de enero pasado. Urge que el mandatario promueva la declaración de inconstitucionalidad de los Artículos 256 y 257 del Código Penal, que se refieren a la Usurpación y Usurpación Agravada, porque mientras se protege el bien jurídico tutelado de la propiedad privada individual, la medida de desalojo viola los derechos a la vida, la alimentación, la protección de la niñez y la vivienda de familias campesinas e indígenas.

Como jefe de Estado, Colom debe convocar a Roberto Alejos, presidente del Congreso, y Eliú Higueros, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a un diálogo que permita despenalizar los procesos de resolución de conflictos y dejar sin efecto las órdenes de captura y desalojo contra lideresas y líderes que luchan por su derecho a la tierra. En este espacio deben promover la discusión nacional sobre la función social de la propiedad, la expropiación de tierras adquiridas de manera anómala y límites a la propiedad y tierras ociosas, entre otras.

Guatemala, febrero de 2009.