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Comunicado de prensa

Desde hace más de un año Plataforma Agraria insistió en la necesidad de que el gobierno reconozca los impactos que la crisis económica y financiera mundial provoca en la economía campesina. Los resultados son devastadores: se estima que alrededor de dos millones de guatemaltecos y guatemaltecas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.

Si bien es cierto que los departamentos que más casos de desnutrición han reportado son los que integran el llamado “Corredor Seco”, los reportes del número de personas que se encuentran sin la posibilidad de acceder a alimentos dan cuenta que ésta es una crisis nacional y no regional.

Esta situación es producto de factores naturales como la sequía provocada por el Fenómeno de “El Niño”; pero también por factores económicos entre los que se encuentran la caída del ingreso de las remesas, el alza en los precios de los combustibles y el encarecimiento del maíz y el frijol como consecuencia del aumento de la demanda de granos básicos. La producción extensiva de monocultivos como zacatales, banano y  palma africana compiten con la producción de granos básicos en detrimento de la vida.

Plataforma Agraria propone atender esta problemática a través de una hoja de ruta que contempla tres acciones fundamentales:

Declamatoria de Emergencia Nacional y Urgencia Social de la crisis en el campo para que se ponga en el centro de la política pública la situación de la población rural y se asignen recursos para las economías campesinas.

Reorientar la Política Agraria para que se garantice el acceso a tierra y se atienda la problemática agraria surgida por familias que, para defenderse de la crisis, han ocupado fincas ociosas.

Reorientar la Política Agrícola para poner en marcha el programa de Arrendamiento Solidario.

Exigimos al gobierno que atienda la precaria situación alimentaria de las familias más pobres del país a través de políticas pertinentes y no por medio de acciones tardías, insuficientes y parciales que no han resuelto la problemática del hambre.

El derecho a la alimentación es una garantía reconocida en la Constitución Política de la República y es deber del Estado garantizarla a toda su población.

Guatemala, 26 de agosto de 2009