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Los territorios no son mercancías, son la base para una vida digna PDF Imprimir Correo electrónico
Miércoles 27 de Enero de 2010 16:56
Comunicado de prensa
 

 
Plataforma Agraria apoya la lucha de las organizaciones que hoy, 12 de octubre, día de la resistencia indígena y campesina y que inicia la movilización global por la defensa de la Madre Tierra, se manifestaron contra el saqueo de nuestros territorios, el desprecio por la vida humana y la criminalización de la lucha social que sistemáticamente ha realizado el Estado con apoyo del capital nacional y transnacional.
 
Repudiamos la muerte del joven Gilmer Orlando Boror Zet, así como la agresión en contra de Obdulio Raxón y de Celso Castellanos, quienes se encuentran en estado grave tras ser heridos por un desconocido mientras acompañaban las movilizaciones en la ciudad capital. Este hecho muestra los niveles de racismo e impunidad de algunas personas que anteponen intereses individuales en desprecio de la vida.
 
Plataforma Agraria denuncia que el proceso de diálogo presidido por funcionarios del gobierno de Álvaro Colom, supuestamente para resolver la conflictividad agraria, detener las actividades mineras y la construcción de hidroeléctricas, entre otros, sigue sin generar resultados concretos. En tanto se han producido 65 desalojos desde enero de 2008 a agosto de 2009.
 
Plataforma Agraria exige al Estado guatemalteco que honre el Convenio 169, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y acate las recomendaciones de los relatores por el Derecho a la Alimentación que buscan que se garantice el derecho a la alimentación, el acceso a los recursos para producir y el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el destino y aprovechamiento de los recursos del territorio.
 
Exigimos a los administradores de justicia que aclaren la muerte del compañero  Boror Zet, así como las de otros líderes que han sido asesinados en lo que va del año, detengan la criminalización de la lucha social y los desalojos. También demandamos al Ejecutivo que institucionalice y asigne recursos a la política de desarrollo rural e instaure mecanismos adecuados y eficaces de diálogo para alcanzar resultados concretos. Y al Congreso de la República que apruebe el anteproyecto de ley propuesto por las organizaciones sociales.
 
Guatemala, 12 de octubre de 2009.