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La Florida, un ejemplo de trabajo comunitario |
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Martes 24 de Agosto de 2010 11:55 |
Comunicado de prensa
En abril de 2005, 40 familias organizadas en la Sociedad Civil para el Desarrollo de Colomba (SCIDECO), -miembros activos de Asociación de Organizaciones para el Desarrollo de Colomba (ASODECO) y Plataforma Agraria- obtuvieron la finca La Florida, ubicada en el cantón Chubá, del municipio de Colomba, departamento de Quetzaltenango, luego de tres años de lucha, ocupación y negociación de la propiedad.
Durante los últimos cinco años, las familias de La Florida, miembros de SCIDECO, han implementado un sistema de producción basado en la propiedad familiar y colectiva de la tierra y en la producción comunitaria. El trabajo ha sido arduo y constante ya que la finca estuvo abandonada durante ocho años.
En el último año, La Florida logró una producción de 500 quintales de café pergamino orgánico; en el lugar, además, se produce cacao, banano, macadamia y se realizan actividades de apicultura.
Gracias a la conservación de las áreas boscosas de la finca, del cuidado de los nacimientos de agua, y de la no utilización de agroquímicos, el café que se produce en La Florida es completamente orgánico, y cuenta con la certificación correspondiente.
Además, con el objetivo de conocer la experiencia de una producción alternativa al sistema tradicional de finca basado en la explotación de la fuerza de trabajo, La Florida ha implementado un programa de eco turismo para visitantes y voluntarios que deseen colaborar en las actividades de las familias campesinas.
En febrero de este año, familias de La Florida denunciaron que han sido amenazadas por un grupo de personas que han motivado a otras a ocupar la finca, bajo el argumento que el territorio se encuentra abandonado. En los últimos días también se ha levantado un rumor falso que asegura que el territorio de La Florida no tiene dueño y será vendido por el Estado.
Plataforma Agria, ASODECO y SCIDECO hacen un llamado a la población para que no se deje engañar por las declaraciones de estos líderes sociales y se respete el trabajo que se realiza y la propiedad de La Florida, basado en la tenencia comunitaria de la tierra y en el respeto a la naturaleza.
Guatemala, junio de 2010 |
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Urge que gobierno acate la resolución de la CIDH |
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Martes 24 de Agosto de 2010 11:50 |
Comunicado de prensa
De acuerdo con el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, tras su reciente visita a Guatemala, “los proyectos que tengan un impacto significativo sobre los derechos de los pueblos indígenas, como la mina Marlin, no deben ejecutarse sin el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas”.
Estas palabras muestran claramente que si el gobierno del presidente Álvaro Colom estuviera comprometido con los pueblos indígenas, así como con mejorar las condiciones de vida de la población más pobre de Guatemala, no habría dudado en acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a la suspensión de los trabajos de la mina Marlin.
Como Plataforma Agraria lamentamos tal decisión, pero consideramos que no es nada sorpresivo tomando en cuenta que este gobierno está comprometido con una política extractiva de recursos naturales que responde a la perspectiva de las empresas transnacionales.
Negarse a poner en marcha las medidas de la CIDH, constituye una clara violación a los derechos de los pueblos indígenas, al derecho internacional al cual está signado el Estado Guatemalteco, y a las recomendaciones del relator.
Como Plataforma Agraria demandamos a la Corte de Constitucionalidad conocer este caso, en que el gobierno se niega a ejecutar la resolución de un órgano con jerarquía superior a la institucionalidad jurídica guatemalteca, y ordenar la ejecución inmediata de las medidas cautelares, con base a la resolución de la CIDH, que buscan proteger a las comunidades afectadas.
Guatemala, 14 de julio de 2010.
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Urge que las políticas públicas garanticen nuestros derechos |
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Martes 24 de Agosto de 2010 11:44 |
Comunicado de prensa
Plataforma Agraria saluda al pueblo maya, garífuna y xinca, porque la suspensión temporal que el Ejecutivo anunció para detener los trabajos de la mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, es producto de nuestras luchas. Sin embargo, reiteramos que es necesario que el gobierno de Álvaro Colom, dé pasos más concretos y reales para un cierre definitivo de los proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros que ponen en peligro a la población guatemalteca.
Aunque nos complace que la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya sido acatada, el Estado no puede esperar la presión internacional para preservar la vida y los derechos de sus habitantes, ya que tiene una obligación constitucional. Es un indicador de que la voz de las comunidades no vale. En cambio, la voz de las empresas nacionales e internacionales ocupa un lugar preponderante.
También manifestamos nuestra preocupación por la forma en que el gobierno de la UNE está manejando la ayuda para las personas afectadas por la tormenta Agatha, ya que no responde a sus necesidades y se está aprovechando la emergencia para realizar actividades con fines electorales.
Para la población rural más pobre esta tormenta no es un evento de emergencia puntual, sino un fenómeno que, combinado con políticas que excluyen a mujeres y hombres, indígenas y campesinos, aumenta la vulnerabilidad social y ambiental. Así las cosas, se profundizan los niveles de hambre y pobreza, se generan pérdidas de capacidades productivas, se incrementan flujos migratorios y se agudizan las desigualdades de género, pues las niñas y mujeres enfrentan recargas de trabajo.
Como ciudadanas y ciudadanos organizados en Plataforma Agraria, reclamamos nuestro derecho constitucional a una vida digna, por lo que requerimos un cambio en las políticas públicas de acceso a tierra sin mercado ni deudas; que la conflictividad agraria, laboral y ambiental se resuelva sin criminalizar ni reprimir nuestras luchas; que las políticas del uso de recursos naturales nos permitan decidir y utilizarlos de acuerdo con nuestras cosmovisiones y el respeto a nuestros territorios; que se asignen recursos para las economías campesinas sin asistencialismo ni clientelismo; y al Congreso de la República solicitamos que apruebe de urgencia nacional la iniciativa de ley 40-84 sobre el desarrollo rural integral.
Guatemala, 24 de junio de 2010.
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No a la construcción de la hidroeléctrica El Orégano en territorio Ch'orti' |
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Martes 24 de Agosto de 2010 11:38 |
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Comunicado de prensa Plataforma Agraria rechaza la construcción de la hidroeléctrica el Orégano, sobre el río Jupilingo, porque amenaza la vida de miles de familias maya Ch`orti`s que habitan el Corredor Seco, área abandonada y excluida históricamente por el Estado guatemalteco. Este megaproyecto presentado por la empresa Las Tres Niñas, S.A., afectará a las aldeas Las Flores, Guareruche, Orégano, Tierra Blanca, Morrito, Santa Bárbara, Guaraquiché, entre otras.
Las comunidades de esta región, ante la amenaza que enfrentan año con año con la sequía estacional, han luchado porque las autoridades gubernamentales construyan proyectos de minirriego para su seguridad alimentaria. La respuesta que han recibido es una hidroeléctrica que les quitará el poco líquido que les permite sobrevivir y que empeorará sus condiciones de vida.
Rechazamos la forma en que la empresa Las Tres Niñas, S.A. intenta manipular y engañar a las comunidades para obtener su apoyo, ofreciéndoles láminas a cambio de firmas que avalan la construcción del proyecto. Esta acción evidencia la forma en que las compañías privadas actúan con el resguardo y el apoyo de las autoridades locales, en este caso los Consejos Comunitarios de Desarrollo, para concretar sus intereses económicos en detrimento de la vida.
Manifestamos nuestra indignación porque a pesar que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ya rechazó un primer Estudio de Impacto Ambiental, un segundo estudio está a punto de ser aprobado a pesar que tiene el mismo contenido. Este estudio carece de planos y mapas que permitan conocer el área de inundación de la represa y por tanto conocer los verdaderos daños que provocará a las comunidades aledañas.
Exigimos al MARN que actúe con base a la Constitución Política de la República y el Convenio 169 de la OIT para garantizar la vida a la población y el derecho de consulta a las comunidades; al gobierno del presidente Álvaro Colom que ejecute la Política de Desarrollo Rural que contempla la construcción de planes de vida de acuerdo a la realidad y principios culturales de las comunidades; y al Congreso de la República que apruebe la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral 4084, que garantiza el uso de los recursos naturales para el bienestar de la población.
Guatemala, 19 de abril de 2010.
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El campesinado sigue manteniendo a este país sin el apoyo del Estado |
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Martes 24 de Agosto de 2010 11:35 |
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Comunicado de prensa
Plataforma Agraria manifiesta su preocupación porque el gobierno de Álvaro Colom sigue poniendo en el centro de sus planes de desarrollo el fortalecimiento institucional y político de la agroexportación de mediana y gran escala, con lo cual favorece al 1.87% de la población que concentra la tierra en este país y que la destina para la producción de monocultivos.
Como lo hemos manifestado desde hace casi dos años, las crisis económicas y de alimentos están pasando la factura a las familias campesinas que hasta hoy habían logrado sobrevivir con la casi nula intervención del Estado guatemalteco. El campo sigue en crisis, pues a ningún gobierno le ha interesado posicionar a las economías campesinas como un motor de cambio para las transformaciones que este país requiere.
Contrario a la mirada asistencial y paternalista de las políticas públicas del gobierno de Colom, las economías campesinas necesitan recursos e insumos para la producción, asistencia técnica y crediticia, es decir, las mismas prerrogativas concedidas a los empresarios y terratenientes de esta nación. Por eso nos oponemos a cualquier plan de desarrollo que busque reproducir los intereses de los finqueros.
Las mujeres indígenas y campesinas reunidas en Plataforma Agraria exigimos al Estado que garantice nuestros derechos a la propiedad de la tierra, al trabajo, a una vida sin violencia y a la participación. No avalamos aquellos programas que buscan situarnos sólo como sujetas económicas, pero siguen sin hacer ningún esfuerzo por cambiar las mentalidades, prácticas y estructuras patriarcales que nos oprimen día con día.
Mujeres y hombres organizados en la alianza multisectorial de Plataforma Agraria extendemos nuestro apoyo a la lucha del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Exigimos al gobierno de la República que demuestre su compromiso genuino con el desarrollo rural mediante la asignación suficiente de recursos a la Política de Desarrollo Rural Integral especialmente reorientando sustancialmente la política agraria basada en el mercado; la puesta en marcha de planes de dinamización de la economía en todas las regiones del país; la suspensión de las actividades mineras por ser lesivas a los interés nacionales; la suspensión del contrato a la empresa Perenco; y respetar la voluntad de las comunidades con relación a no construir grandes hidroeléctricas. Guatemala, 30 de abril de 2010
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El gobierno debe cumplir los compromisos adquiridos con el movimiento social |
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Martes 24 de Agosto de 2010 11:32 |
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Comunicado de prensa Plataforma Agraria se solidariza con la lucha que desde la semana recién concluida la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) ha llevado a las calles, como medida de presión ante el incumplimiento de los compromisos que el gobierno de Álvaro Colom ha hecho del Pacto Colectivo que firmó con este gremio, el 15 de abril 2008.
Las demandas contenidas en dicho pacto, acordado en el primer período de la actual administración, respondían a la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector magisterial, por lo que entre éstas se dispuso un reajuste salarial del 8% al salario ordinario mensual a partir del primero de abril de 2007 y un reajuste salarial equivalente al 8% del salario ordinario mensual a partir del primero de enero de 2008; necesario ante las condiciones de vida de la mayoría de la población guatemalteca.
El gobierno ha argumentado que la crisis económica de 2009 le impidió asumir tal responsabilidad con las y los maestros, sin embargo, debió prever tal situación. Plataforma Agraria considera importante garantizar el acceso a la educación a la población, un derecho establecido en la Constitución Política de la República; pero lo es también asegurar un salario justo al gremio magisterial.
En ese sentido, las acciones de la ANM son la muestra más concreta de la falta de voluntad de la actual administración, que se escuda en el argumento de la ausencia de fondos, como consecuencia de la baja recaudación tributaria, para dilatar los procesos de negociación y desgastar las luchas de las organizaciones sociales.
Ante tal situación Plataforma Agraria reitera su solidaridad con el magisterio y exige al actual gobierno que responda a ésta y a los compromisos adquiridos con las diversas expresiones sociales.
Insistimos también en la urgencia de una reforma fiscal progresiva, que permita al Estado fortalecerse y responder a las necesidades de desarrollo social más urgentes.
Guatemala, 24 de febrero de 2010. |
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Conflicto por mal servicio de energía eléctrica en San Marcos suma nueve muertes |
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Martes 24 de Agosto de 2010 11:21 |
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Comunicado de prensa Plataforma Agraria se suma a la denuncia y condena que otras organizaciones sociales hicieron, luego de la muerte de cuatro compañeros y una compañera en los municipios de Ocós y San Pablo, San Marcos el 22 de marzo. Los hechos sucedieron en el marco del conflicto generado por el mal servicio de energía eléctrica que proporciona la empresa española Unión Fenosa, en 27 –de los 29 municipios- del referido departamento.
Los fallecidos en Ocós fueron Carlos Noel Maldonado Barrios (60), Leonardo Maldonado (78) y Ana María Lorenzo Escobar (40), mientas que en San Pablo, hasta esta mañana sólo se había identificado a Santiago Gamboa.
El primero de los hechos se dio como un ataque directo a los tres activistas, y el segundo fue el resultado del enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas represivas del Estado, luego que supuestos trabajadores de la Distribuidora de Occidente (DEOCSA), intentaran robar transformadores de energía y los pobladores los detuvieran.
Los acontecimientos son lamentables por la irreparable pérdida que representa para las familias y las organizaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos de las poblaciones y porque, ante la creciente problemática que se mantiene en San Marcos, la única respuesta del Estado ha sido la agresión, consentida a través del Estado de Prevención decretado desde el pasado 22 de diciembre de 2009, y prorrogado por sexta vez, el pasado 17 de marzo.
El Estado debe recuperar su papel de garante del bien común de la población y construir políticas integrales que respondan a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, y dejar de ser únicamente el aparato que proporciona condiciones y garantiza el funcionamiento de los intereses empresariales nacionales y transnacionales.
Plataforma Agraria exige al Ministerio Público (MP) la investigación de estos y otros hechos relacionados para contrarrestar la creciente impunidad de las agresiones contra dirigentes sociales. También cuestiona la efectividad de las mal llamadas “mesas de diálogo” puesto que hasta ahora se han caracterizado por su incompetencia para tratar con seriedad un conjunto de conflictos y situaciones. Guatemala, 23 de marzo de 2010. |
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Los territorios no son mercancías, son la base para una vida digna |
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Miércoles 27 de Enero de 2010 16:56 |
Comunicado de prensa
Plataforma Agraria apoya la lucha de las organizaciones que hoy, 12 de octubre, día de la resistencia indígena y campesina y que inicia la movilización global por la defensa de la Madre Tierra, se manifestaron contra el saqueo de nuestros territorios, el desprecio por la vida humana y la criminalización de la lucha social que sistemáticamente ha realizado el Estado con apoyo del capital nacional y transnacional.
Repudiamos la muerte del joven Gilmer Orlando Boror Zet, así como la agresión en contra de Obdulio Raxón y de Celso Castellanos, quienes se encuentran en estado grave tras ser heridos por un desconocido mientras acompañaban las movilizaciones en la ciudad capital. Este hecho muestra los niveles de racismo e impunidad de algunas personas que anteponen intereses individuales en desprecio de la vida.
Plataforma Agraria denuncia que el proceso de diálogo presidido por funcionarios del gobierno de Álvaro Colom, supuestamente para resolver la conflictividad agraria, detener las actividades mineras y la construcción de hidroeléctricas, entre otros, sigue sin generar resultados concretos. En tanto se han producido 65 desalojos desde enero de 2008 a agosto de 2009.
Plataforma Agraria exige al Estado guatemalteco que honre el Convenio 169, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y acate las recomendaciones de los relatores por el Derecho a la Alimentación que buscan que se garantice el derecho a la alimentación, el acceso a los recursos para producir y el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el destino y aprovechamiento de los recursos del territorio.
Exigimos a los administradores de justicia que aclaren la muerte del compañero Boror Zet, así como las de otros líderes que han sido asesinados en lo que va del año, detengan la criminalización de la lucha social y los desalojos. También demandamos al Ejecutivo que institucionalice y asigne recursos a la política de desarrollo rural e instaure mecanismos adecuados y eficaces de diálogo para alcanzar resultados concretos. Y al Congreso de la República que apruebe el anteproyecto de ley propuesto por las organizaciones sociales.
Guatemala, 12 de octubre de 2009. |
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Plataforma Agraria reitera lucha por atender economías campesinas indígenas en actual crisis económica |
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Miércoles 27 de Enero de 2010 16:27 |
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Comunicado de prensa Plataforma Agraria manifiesta que sigue estando abierta al diálogo con el gobierno de Álvaro Colom, pero reitera que las primeras lluvias marcan el final de una esperanza si no hubo posibilidad de siembra. Esta alianza multisectorial sí cree en los diálogos con resultados como herramienta fundamental de la democracia. Reconocemos que en el proceso de negociaciones se ha logrado la aprobación de la política de desarrollo rural integral, pero ésta no será tal si no se designan recursos ni un plan de readecuación institucional de corto plazo. Somos una alianza multisectorial que cuenta con una trayectoria de diálogos y negociaciones que han permitido plantear propuestas que pueden ser aplicables rápidamente y que están construidas tanto para responder a nuestras bases como al resto del campesinado y al área rural en general. Plataforma Agraria quiere insistir que en el centro de las políticas públicas anticrisis deben estar los hogares más pobres, porque los más afectados son los trabajadores agrícolas, las mujeres, niñas y niños campesinas. La preocupación por el agujero fiscal y la estrategia de generación masiva de empleo por la vía de la construcción de infraestructura, son mecanismos insuficientes para responder al colapso de las economías campesinas indígenas en crisis por la coyuntura actual. Plataforma Agraria considera que en el marco de la nueva política de desarrollo rural integral los programas públicos deben ser claramente redireccionados, porque los actuales benefician a productores más acomodados y excluye la mayor parte de la población vulnerable que no es sujeta de crédito; tienen profundas deficiencias, porque están centralizados, politizados y carecen de cogestión y auditoria social y fiscal; hay una extrema dependencia en la distribución de insumos químicos que han creado problemas en las estrategias de vida de las familias vulnerables. Exhortamos al Congreso de la República responder seriamente a la crisis del presupuesto nacional, para que el Ejecutivo pueda redireccionar los fondos y resolver los problemas más urgentes: la crisis del campo, la salud y la educación. El campesinado sigue esperando que se resuelvan sus problemas de deudas, programas que reactiven y dinamicen sus sistemas productivos; la resolución de sus viejos conflictos agrarios, laborales y ambientales, y un programa de acceso a tierra con enfoque social que no genere deudas y que les permita abrir el camino hacia una vida digna. Nuestras movilizaciones enmarcadas en derechos humanos y constitucionales buscan exigir al Estado el cumplimiento de nuestro derecho a la vida, la justicia y la alimentación. Guatemala, 19 de julio de 2009. Por una vida digna en el campo, exigimos recursos para producir |
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Comunicados de Prensa