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El irrisorio "avance" de la iniciativa 4084 |
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El proceso de discusión sobre la iniciativa 4084, que crea el sistema nacional de desarrollo rural, selló su primera etapa en el Congreso de la República. La presentación verbal de ponencias por cada organización inscrita -82 en total- concluyó la tercera semana de julio. Del total registrado se presentaron 51 organizaciones: 37 a favor –que también pidieron su aprobación de urgencia nacional- y 13 la rechazaron.
Luego de casi mes y medio de exposiciones en el parlamento, el 19 de julio se llevó a cabo una reunión extraordinaria –que se suponía la etapa final para la presentación de las ponencias jurídicas y análisis constitucional- sobre los aspectos que generan rechazo y una serie de señalamientos negativos planteados por el sector empresarial.
Superadas ambas fases, se esperaba el envío de la 4084 a la instancia de jefes de bloque para su análisis, según se dijo al inicio de estas discusiones, y su final remisión al Pleno del Congreso. Pero, sucedió que el diputado Mariano Rayo, coordinador de la mesa de Desarrollo Rural, que a su vez preside la Mesa de Reactivación Económica, anunció un nuevo período. Una etapa improcedente, según las organizaciones que promueven la iniciativa, ya que no se acordó desde el inicio, entre otras cosas.
Perniciosa metodología
La marcha de este proceso seguirá el próximo 9 de agosto en el hemiciclo, con la discusión de cada artículo de la iniciativa, bajo el argumento del diputado unionista de que esa es la “lógica de las reglas del Congreso”, pese a que esta tarea es propia de la instancia de jefes de bloque.
Estas directrices, hechas por Rayo, para la secuencia de las discusiones conllevan dos sesiones de dos horas cada una, en las que se pretende la revisión de los 43 artículos que contiene la iniciativa. Se espera que al menos 50 organizaciones participen en este espacio, en el que todas tendrán voz.
Teniendo en consideración la férrea postura del sector empresarial para aplazar este proceso, las organizaciones no tienen buenas expectativas. Sólo ven “nubarrones”, como lo afirma Pascual Pérez, de la Pastoral Nacional de la Tierra, e integrante de la Alianza para el Desarrollo Integral (ADRI).
Cuando Rayo anunció la nueva etapa del proceso el sector empresarial guardó silencio, pero el reparo de las organizaciones sociales que consensuaron dicho anteproyecto fue inadvertido. El diputado enfatizó que la discusión de la iniciativa “se tomará el tiempo que sea necesario”.
Vale la pena recordar que en la primera etapa las organizaciones integrantes de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) delegaron la vocería en una de sus organizaciones, para evitar que el proceso se alargara, ya que consideraban que la ley debía ser aprobada de urgencia nacional por el deterioro en las condiciones de vida de mujeres y hombres que habitan en las áreas rurales.
Pero, el diputado está contento, porque “hubo participación masiva y respetuosa, y se escucharon todos; lo que en la formulación de la ley no se dio. Aquí sí estuvieron todos”, dijo, como quien deslegitima el proceso de más de cinco años que organizaciones sociales ocuparon en la creación de la propuesta, espacio en el cual el sector empresarial se rehusó a participar.
“Simulada participación”
El 2 de junio de este año las organizaciones sociales fueron convocadas por el Congreso para definir la metodología para el desarrollo de las mesas de trabajo, en el marco del diálogo convocado por el gobierno, en primera instancia pactado con el sector empresarial. Mariano Rayo entregó desde el inicio un documento oficial del Legislativo donde se explicaba la metodología para las sub-mesas que se desprenden de la Mesa de Reactivación Económica y Desarrollo Rural. “Ya tenían elaborada una metodología y no se podía discutir”, advirtió Pérez.
Israel Macario representante de Plataforma Agraria e integrante de la ADRI, aseveró que la forma de discusión ha buscado alargar el proceso. A criterio de Ingrid Urizar, asesora legal de la Pastoral de Tierra Interdiocesana (PTI), el empresariado está buscando, con la venia del Congreso, evitar una discusión política y dilatarlo con la discusión sobre aspectos jurídicos.
En resumidas cuentas las organizaciones sociales concluyen que la utilización de esta metodología responde a que el Congreso buscó una ruta larga donde se simulara la participación de la sociedad civil y así validar un diálogo que al no recoger la necesidad de legislar para los más pobres, se convertiría en un dialogo sin sentido y vulneraría una de las herramientas más fundamentales para la construcción de la democracia. “Es una simulación sino se tiene injerencia real y va por ahí: hacer creer que se está dando participación a la sociedad”, dijo Urizar.
“La diseñaron en función de que las organizaciones hablen pero que no determinen el cumplimiento de sus propuestas y la ruta. Si hubiera sido un proceso participativo y claro, se construye la metodología de acuerdo a los intereses generales”, concluyó la jurista.
Y aunque reconocen su debilidad al no haber sido contundentes desde el comienzo para rechazar la imposición metodológica reiteran su denuncia: “es una trampa de Mariano Rayo y de la mesa, y una debilidad (nuestra) de no tener capacidad de decir que si no está clara la metodología no nos sentamos”, indicó Omar Jerónimo, integrante de Plataforma Agraria.
Si hay algo positivo de este proceso para las organizaciones sociales, podría decirse que posicionaron sus argumentos en el parlamento y lograron hacer visible el esfuerzo social que une a muchas organizaciones, “porque ningún tema ha unido tantas organizaciones como el de desarrollo rural”.
¿Quién preside la Mesa de Reactivación Económica y Desarrollo Rural?
El diputado Mariano Rayo Muñoz ocupa una curul en el Congreso de la República desde hace 10 años. Llegó al Legislativo por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) en 2000, que atravesó problemas por disputas de poder internas en 1999, por lo que Rayo abandonó la organización para integrar el partido Unionista –organización con la cual fue reelecto para el período 2008/2011- encabezado por Álvaro Arzú y otros disidentes de uno de los partidos tradicionales de derecha.
Auto-reconocido como empresario independiente, según consta en su hoja de vida pública, Rayo ha sido promotor de iniciativas como: la Ley para la Defensa de la Libre Competencia, la iniciativa que reforma la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y, por sobre todo, de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, en 2006, en calidad de “emergencia nacional”.
También tuvo una participación muy férrea durante las discusiones para el Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea (Ada), como defensor de los sectores empresariales afectados, específicamente de la Cámara del Agro y de otros sectores, a quienes los términos de la discusión no favorecían.
Es, muy probablemente, uno de los “activos” más importantes del sector empresarial organizado que mejor se ha posicionado en el parlamento, ya que en los dos últimos períodos legislativos ha presidido la Comisión de Economía y Comercio Exterior –continuamente-, y ha integrado otras comisiones clave como la de Finanzas y Previsión Social, entre otras.
Mariano Rayo se caracteriza por asistir a charlas, conferencias y actividades públicas organizadas por las cámaras empresariales: Construcción, Comercio y la Cámara Guatemalteco-Americana de Comercio (AmCham), para hablar de las ganancias del TLC-USA. Ha calificado como “Un orgullo que el DR-CAFTA (pos sus siglas en inglés) tenga esos resultados”, al referirse a experiencias “exitosas” de empresas afiliadas a estas organizaciones empresariales que han obtenido altas ganancias con el libre comercio con Estados Unidos.
También se relaciona muy de cerca con las instituciones que promueven el turismo como una de las posibilidades de desarrollo para el país.
Recientemente estuvo al frente del cabildeo por la aprobación de la iniciativa 16-2010 (Alianzas público-privadas) para dar “certeza jurídica” al financiamiento privado que quiera invertir en proyectos de infraestructura en el país, mediante la apertura de la posibilidad de la expropiación de tierra donde se construyan esos proyectos.
Actualmente preside la Mesa de Reactivación Económica y coordina las sub-mesa de Desarrollo Rural, donde se discute el contenido de la iniciativa 4084, que crea el sistema nacional de desarrollo rural. Esta propuesta fue consensuada por muchas organizaciones sociales, las cuales han insistido en la necesidad de aprobarla de urgencia nacional, pero Rayo ha advertido que el diálogo en el hemiciclo durará “lo que sea necesario”.
Su pensamiento político
Personajes que han Influido en el pensamiento económico y político del parlamentario: Álvaro Arzú, Gustavo Porras y Mario Sandoval Alarcón. Éste último lo influyó desde su inicio político cuando militó en la juventud del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) al final de los 70’s.
En una entrevista con una entrevista para un centro de análisis de economía liberal, Rayo se autodefinió como un hombre de derecha, que “no duda ni tiene problema en defenderlo, y no ha tenido vaivén”. Defiende un pensamiento económico liberal (“moderado”) y se describe como un político conservador.
Equipo de Comunicación
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Ultima actualización ( Viernes 06 de Agosto de 2010 10:26 )
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Desarrollo Rural: inician audiencias públicas en el Congreso |
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El lunes 7 de junio comenzó la primera fase de las audiencias públicas sobre desarrollo rural, como parte de la Mesa de Reactivación Económica, presidida por el diputado unionista, Mariano Rayo. La sociedad civil organizada fue convocada a manifestar su opinión sobre el contenido de la iniciativa de ley 4084, que propone la creación del sistema nacional de desarrollo rural.
Como era previsible, el sector empresarial organizado lanzó su crítica contra dicha propuesta. El argumento se centra en la supuesta “violación del derecho a la propiedad privada”, incluida en el articulado de la misma. La presunta “expropiación” de la tierra se ha convertido en la médula de su discurso manifestado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), incluso, antes que la propuesta fuera presentada al pleno del Congreso de la República a mediados de 2009.
En aquella ocasión, representantes de la Cámara del Agro declararon a la prensa escrita su rechazo a la iniciativa 4084, pese a reconocer públicamente el desconocimiento de su contenido.
¿Desarrollo rural?
Aunque la CIG advierte su total apoyo al desarrollo rural del país, considera imprescindible la apuesta por la “empresarialidad en las áreas rurales”, es decir, las políticas de Estado deben apuntar por el desarrollo de la industria, comercio, servicios, extracción de recursos naturales, apoyo al turismo, generación de energía, que, según la lógica de mercado, son los factores que potenciarían una mejora del nivel de vida de las poblaciones rurales.
Los gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz se han esforzado por reducir el tamaño del Estado a su mínima expresión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia y servicios agropecuarios al pequeño productor y campesinado, por lo que la atención a la población rural siempre ha sido limitado a grupos sociales vulnerables y sobre todo, al fomento de la “empresarialidad agrícola”, vinculada a los cultivos de exportación.
En este contexto, queda claro que la propuesta hecha recientemente por la CIG, no es más que la continuidad de estas políticas que en lugar de contribuir a resolver la problemática agraria, agudizan la conflictividad en el campo, debido a que las inequidades y desigualdades sociales que afronta más de la mitad de la población, se incrementan sistemáticamente y coyunturalmente, como ocurrió con los estragos provocados por la tormenta tropical Agatha. De urgencia nacional
Plataforma Agraria, la Coordinadora de Ong’s y Cooperativas, así como la Alianza para el Desarrollo Rural Integral, entre otras organizaciones sociales, solicitaron la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 4084, durante las audiencias públicas.
Dicha propuesta contiene una visión sistémica e integral que rebasa la visión agrarista del campo, pues contiene 10 políticas sectoriales que plantea una acción más ordenada y consciente de los recursos que el Estado invierte en el campo.
“La política económica debe enfocarse a la mayoría de la población del campo, que es el 56% de la población (…) y es la que sostiene a la ciudad. (….) Les estamos diciendo que si no invertimos hoy en este país se nos va a caer”, aseveró Omar Jerónimo, dirigente de Plataforma Agraria. LF/EC |
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Ultima actualización ( Lunes 14 de Junio de 2010 12:28 )
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Poblaciones indígenas continúan lucha contra el despojo y la usurpación del territorio |
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Nota de prensa Organizaciones indígenas pidieron que se proceda al desalojo de dos empresas ubicadas en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, -Peridot, S.A. y Montana Exploradora de Guatemala-, por ocupar ilegalmente el territorio del pueblo Maya Mam, del departamento de San Marcos.
Asimismo, denunciaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Erick Alfonso Álvarez, y a Jorge Asencio Mancilla, por haber incurrido en el delito de falsedad ideológica y usurpación de propiedad en el referido municipio, cuando eran representantes legales de las referidas empresas, en 2001.
De manera conjunta el pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán, organizaciones que conforman el Consejo de los Pueblos de Occidente y varias instancias de Derechos Humanos, presentaron una querella en contra del presidente de la CSJ y Asencio Aguirre. Ambos son señalados de haberse apropiado de manera ilegal de una fracción de un terreno municipal inscrito en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, del referido municipio, valiéndose fraudulentamente de una titulación supletoria que permite a empresas privadas que han operado por varios años en terrenos municipales, inscribirlos como propios, sin embargo, ambas iniciaron operaciones en 1999.
Demandaron al máximo órgano judicial que pida al Legislativo un proceso de antejuicio contra Álvarez y que se inicien las investigaciones pertinentes y en consecuencia se concrete la expulsión de ambas empresas privadas del territorio indígena.
La empresa Montana Exploradora es la subsidiaria de la canadiense Gold Corp y propietaria del proyecto Marlin de explotación minera a cielo abierto en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, que operan en San Marcos desde 2005.
Los pueblos indígenas de occidente reivindicaron de esta forma su legítimo derecho a la tierra y al territorio y a una vida libre de minería. LF/EC |
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Ultima actualización ( Miércoles 28 de Julio de 2010 16:32 )
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Comunidades de Camotán afectadas por desborde de río Jupilingo |
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Nota de Prensa Luego que el río Jupilingo (o río Grande), ubicado en Camotán, departamento de Chiquimula, se desbordara la mañana de hoy 16 de junio, debido a las intensas lluvias ininterrumpidas que han afectado a la región, al menos cinco comunidades -La Libertad, Shupá, Despoblado, Lela Obraje, Lela Chancó-, que se encuentran en la cuenca, han resultado afectadas. Declaraciones de pobladores del caserío Limar del municipio de Camotán, aseguran que las aguas del río alcanzaron a comunidades que están a kilómetro y medio río arriba, sin embargo, hasta esta tarde únicamente se tenía información de la pérdida de cosechas cercanas al afluente. “Hay pérdida como de 40 manzanas de nuestros cultivos, ya habíamos tirado el abono; también se llevó el alambre”, lamentó Brígido Raimundo, integrante de la organización Nuevo Día, - parte de la alianza Plataforma Agraria- quien habita en el caserío Limar. A finales de la tarde de hoy, se informó que el puente Jupilingo – que comunica el departamento de Chiquimula con Honduras, ubicado a 11 kilómetros del municipio de Camotán-, estaba agrietado como consecuencia de la fuerza de la corriente. “Estamos en alerta porque se están bajando muchos barrancos en caserío Limar”, dijo con preocupación Raimundo. Los municipios de Camotán y Jocotán, han sido afectados por lluvias constantes durante una semana. LF/EC |
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La farsa: gobierno "lanza política de desarrollo rural" |
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“El Desarrollo Rural es impostergable”. Con esas palabras, Juan Alfonso De León –ex titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)- y actual ministro de Agricultura, inició su discurso durante el “lanzamiento del proceso de implementación de la Política de Desarrollo Rural Integral (PDRI)”, aprobada en julio de 2009.
El Palacio Nacional de Cultura fue el escenario donde el presidente Álvaro Colom presidió el breve acto, realizado el pasado 21 de abril, en compañía de su vicegobernante, Rafael Espada; la secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Karin Slowing; el representante del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, Arnoldo Noriega y el coordinador de Prorural, Roberto Dalton.
De León presentó la ruta crítica para la implementación de la PDRI, cuyo contenido no fue más que las disposiciones que la misma PDRI –aprobada hace nueve meses- contempla:
La conformación del Gabinete de Desarrollo Rural
La conformación de un Consejo de Participación Política y Auditoria Social La reconversión del MAGA La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral.
Quedó claro que las autoridades aún no han fijado un cronograma para la implementación de “la ruta crítica”.
Apuesta por la “competitividad” agroexportadora
Con un tono sereno, pero muy enfático en los puntos de mayor interés para el gobierno actual, el ministro de Agricultura adujo que están en la “parte final” de la creación de un acuerdo gubernativo con el cual promete “consolidar” la reconversión que la PDRI requiere para la cartera que dirige. Esa reconversión no es ni más ni menos que lo que el presidente Colom había anunciado meses antes: la incorporación oficial de Prorural al Maga, como un nuevo vice-ministerio de Desarrollo Económico Rural.
Aunque Dalton, coordinador de Prorural, aseguró desconocer cuál será su cargo dentro de la estructura del Maga, luego que se publique el referido acuerdo gubernativo –en unos 15 días-, fue él quien respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre los detalles de la anunciada reestructuración, mientras que De León asintió a todas sus respuestas.
En su intervención Colom aseguró que el nuevo viceministerio estaría dotado de Q300 millones para su ejecución en 2010, de los cuales Q250 millones serán asignados a Prorural, producto de un traslado de recursos, que no especificó su procedencia, y Q50 millones que pasarán automáticamente del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES).
Dalton reiteró que el fomento a la “competitividad agropecuaria” es uno de los esfuerzos que se hará en el nuevo viceministerio. No obstante, esta re-inserción de Prorural dentro del Maga, apunta como elemento central de su política la "competitividad" agroexportadora. Lo que demuestra de nueva cuenta la apuesta que el gobierno de la UNE hace al fortalecimiento institucional y político de la agroexportación de mediana y gran escala, con lo cual favorece a 1.87% de la población que concentra la tierra en este país y que la destina para la producción de monocultivos.
Las “instrucciones” que ofenden
En su discurso, el jefe del Ejecutivo “instruyó” a la secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Karin Slowing, para que “a partir de mañana se haga cargo del Plan Nacional de Desarrollo Rural”. Sin embargo, el ministro De León aseveró que están por concluir la primera etapa de elaboración del Plan– un borrador para análisis-, para que sea consensuado entre quienes estuvieron involucrados en la creación de la PNDRI.
Como parte de su serie de “instrucciones”, el mandatario encomendó al titular de la cartera de Finanzas –que no estaba presente en el lanzamiento- que asigne “pese a las carencias fiscales”, recursos “significativos”. También aprovechó para instar al Congreso a que designe recursos a la política.
Muy insistentemente y con toda la confianza del caso –pues según Colom lleva 20 años de trabajar con De León-, le encargó al ministro que “no solo reconvierta la institución, sino que la reconstruya”.
El gobierno ofende a la sociedad guatemalteca y en particular a las organizaciones de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), al anunciar, 9 meses después de su aprobación, una ruta critica basada en institucionalizar principalmente a Prorural.
La Política como una máscara
La entrega de créditos del Fondo de Tierras que se comenzó a tiempo este año –ya que el programa sigue sin modificación alguna-, así como la atención a la deuda agraria son, según este gobierno, avances que se dan en el marco del cumplimiento de la PDRI.
También se jactan de la conformación de un sistema nacional de extensión rural –tecnología y asistencia técnica-, así como la atención a la conflictividad agraria a través de la consolidada articulación de la institucionalidad correspondiente, entiéndase: Secretaría de Asuntos Agrarios, Maga, Conap, Fontierras, RIC y otras.
Las palabras del mandatario Colom dejaron en claro, una vez más, cuál es la prioridad cuando desde este gobierno se habla de desarrollo rural: “Prorural es el gran motor del desarrollo económico del país (…)”.
Más claro no puede estar el escenario. El gobierno de la UNE no está interesado en aplicar la Política de Desarrollo Rural Integral; la usa como una máscara para renombrar sus programas ya en marcha. Y para quienes aún quede alguna duda, las palabras de Colom fueron contundentes, al referirse a Prorural como “el andamiaje para la ley de desarrollo rural y la Política”.
 Plataforma Agraria
Equipo de Comunicaciòn
Guatermala, 23 de abril de 2010 |
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Ultima actualización ( Viernes 23 de Abril de 2010 11:26 )
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El discurso que legitima a la finca |
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Nota de prensa De acuerdo con investigaciones realizadas por integrantes del Área de Estudios de Historia Local de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), en el país se construyó un discurso que legitima a la finca como un espacio en donde se “administra la vida de la población trabajadora” y se considera a las personas únicamente como “sujetos productivos que pueden aportar al crecimiento y al desarrollo del país en la medida que produzca riqueza”.
Estas reflexiones fueron expuestas por el investigador Juan Pablo Gómez durante la primera sesión del Seminario para periodistas: “Comunicación a favor del desarrollo rural”, organizado por Plataforma Agraria, AVANCSO, la Campaña Vamos al Grano y la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En este discurso se “recoge unas voces y enmudece a otras”, aseguró Gómez, quien agregó que la intención fue “integrar a los indígenas a la finca para civilizarlos y extirparles sus hábitos”. Así, se construyó una imagen errónea del indígena y campesino como ignorante del trabajo en el campo y como un haragán que no contribuye al desarrollo del país.
El imaginario que legitima a la finca encontró un respaldo en las leyes aprobadas en las últimas tres décadas del siglo XIX y en las primeras dictaduras del siglo XX. Gómez aseguró que las políticas actuales sobre desarrollo rural siguen enmarcadas dentro de los límites de éste discurso. Y de igual manera la cobertura periodística “sigue enmudeciendo las voces”, como las de las organizaciones indígenas y campesinas.
Sin embargo, a decir de Gómez, “hay experiencias locales que están problematizando estas ideas con discursos campesinos que se piensan desde la crisis, que la conciben como una oportunidad”.
Por su parte, Juan Carlos Pirir, de la Cooperativa “Nuevo Horizonte” e integrante de la campaña “Vamos al grano”, señaló que la conformación histórica responde “a la lógica de conquista y de privar de la libertad a nuestros pueblos”.
“Existe una relación de esclavitud en la finca. Además, se viola un derecho que es fundamental: el derecho a la alimentación. Muchas personas han muerto a consecuencia de la inseguridad alimentaria. ¿Es aceptable que en nuestro país, teniendo una diversidad de clima y la posibilidad de producir alimentos, la gente se muera de hambre?”, cuestionó Pirir, quien subrayó que “la lucha por el desarrollo rural integral debe ser la apuesta a ese modelo de finca que históricamente ha excluido a la mayoría de las personas”. RM/EC |
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Ultima actualización ( Viernes 12 de Marzo de 2010 16:15 )
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Comunidades de Camotán rechazan instalación de torres de cableado eléctrico |
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Nota de prensa Al menos un centenar de personas se movilizó pacíficamente el medio día del viernes 26 de febrero, en el municipio de Camotán, Chiquimula, para pronunciar su rechazo en contra de la instalación de torres para el cableado eléctrico, como parte de la interconexión energética entre Guatemala y México –uno de los proyectos más ambiciosos del Plan Puebla Panamá-. La caminata recorrió siete kilómetros desde las inmediaciones del puente Jupilingo (o río Grande), hasta la entrada del referido municipio, trayecto que será afectado por la instalación de 45 torres de cableado eléctrico, distribuidas en 47 kilómetros del territorio que transportarán 234 megavatios de electricidad. Los comunitarios advierten que el voltaje será un peligro para las personas y los animales de los poblados que serán cruzados. Por ello, rechazaron la colocación de las torres y “rellenaron con piedras” los agujeros donde serían ubicadas, como una medida de presión para que las autoridades atiendan su demanda, puesto que hasta ahora se han hecho de “oídos sordos”. Habitantes de las aldeas Lela Chanco, Lela Obraje, Xupá, La Libertad, Caparjá, entre otras, dijeron que los trabajos se iniciaron el año pasado, pese a que el alcalde de Camotán, Guillermo Guerra, se comprometió a no permitir la colocación de las torres por medio de la firma y publicación de un acuerdo, sin embargo, ahora se rehúsa a escucharlos y proporcionarles información. Se trató de obtener la postura del jefe edil, sin embargo, no respondió los llamados a su teléfono celular. A criterio de Omar Jerónimo, dirigente de la organización Nuevo Día –ubicada en el municipio de Chiquimula e integrante de Plataforma Agraria- las autoridades están actuando sin tomar medidas de seguridad para las poblaciones y sin consultar la decisión de la gente, por lo que aseguró que “los gobiernos locales no responden a la demanda de información de las comunidades”. Asimismo, dijo que existen grandes dudas, puesto que la escasez de información prima en las acciones relacionadas a ese proyecto. Más megaproyectos
La colocación de las torres forma parte del Plan Puebla Panamá que busca instalar cinco anillos de interconexión eléctrica en Guatemala, así como la construcción de tres hidroeléctricas en el Río Grande, sin embargo, los Estudios de Impacto Ambiental presentados por las empresas interesadas han sido rechazados por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, debido a que los daños que se ocasionarían son superiores a los beneficios que podrían traer a las comunidades. La interconexión energética ha sido promovida como una “opción de desarrollo” desde el gobierno de Álvaro Arzú y se ha fortalecido en las administraciones posteriores, hasta recrudecerse en la administración de Óscar Berger y ser continuada por la de Álvaro Colom. Plataforma Agraria ha reiterado su rechazo a los megaproyectos, ya que parten de poner a disposición de la inversión privada nacional y transnacional los territorios y la vida de las personas sin que respondan a los intereses de las comunidades. LF/EC |
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Ultima actualización ( Lunes 01 de Marzo de 2010 15:24 )
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