El lunes 7 de junio comenzó la primera fase de las audiencias públicas sobre desarrollo rural, como parte de la Mesa de Reactivación Económica, presidida por el diputado unionista, Mariano Rayo. La sociedad civil organizada fue convocada a manifestar su opinión sobre el contenido de la iniciativa de ley 4084, que propone la creación del sistema nacional de desarrollo rural.
Como era previsible, el sector empresarial organizado lanzó su crítica contra dicha propuesta. El argumento se centra en la supuesta “violación del derecho a la propiedad privada”, incluida en el articulado de la misma. La presunta “expropiación” de la tierra se ha convertido en la médula de su discurso manifestado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), incluso, antes que la propuesta fuera presentada al pleno del Congreso de la República a mediados de 2009.
En aquella ocasión, representantes de la Cámara del Agro declararon a la prensa escrita su rechazo a la iniciativa 4084, pese a reconocer públicamente el desconocimiento de su contenido.

¿Desarrollo rural?
Aunque la CIG advierte su total apoyo al desarrollo rural del país, considera imprescindible la apuesta por la “empresarialidad en las áreas rurales”, es decir, las políticas de Estado deben apuntar por el desarrollo de la industria, comercio, servicios, extracción de recursos naturales, apoyo al turismo, generación de energía, que, según la lógica de mercado, son los factores que potenciarían una mejora del nivel de vida de las poblaciones rurales.
Los gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz se han esforzado por reducir el tamaño del Estado a su mínima expresión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia y servicios agropecuarios al pequeño productor y campesinado, por lo que la atención a la población rural siempre ha sido limitado a grupos sociales vulnerables y sobre todo, al fomento de la “empresarialidad agrícola”, vinculada a los cultivos de exportación.
En este contexto, queda claro que la propuesta hecha recientemente por la CIG, no es más que la continuidad de estas políticas que en lugar de contribuir a resolver la problemática agraria, agudizan la conflictividad en el campo, debido a que las inequidades y desigualdades sociales que afronta más de la mitad de la población, se incrementan sistemáticamente y coyunturalmente, como ocurrió con los estragos provocados por la tormenta tropical Agatha.

De urgencia nacional
Plataforma Agraria, la Coordinadora de Ong’s y Cooperativas, así como la Alianza para el Desarrollo Rural Integral, entre otras organizaciones sociales, solicitaron la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 4084, durante las audiencias públicas.
Dicha propuesta contiene una visión sistémica e integral que rebasa la visión agrarista del campo, pues contiene 10 políticas sectoriales que plantea una acción más ordenada y consciente de los recursos que el Estado invierte en el campo.
“La política económica debe enfocarse a la mayoría de la población del campo, que es el 56% de la población (…) y es la que sostiene a la ciudad.  (….) Les estamos diciendo que si no invertimos hoy en este país se nos va a caer”, aseveró Omar Jerónimo, dirigente de Plataforma Agraria.

LF/EC